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23/11/2013

Nuevo Programa Erasmus + o de cómo la UE se reinventa

The new Erasmus Plus Programme 2014-2020 (Erasmus + Programme).

Le nouveau Programme Erasmus Plus 2014-2020 (Programme Erasmus +).

El nuevo Programa Erasmus Plus 2014 2020 (Programa Erasmus +).



Terminamos una semana de plena actividad en Bruselas y alrededores, y hay muchas noticias que comunicar. Si ayer hablamos, a grandes rasgos, del Marco Financiero Plurianual y en cómo este va a incidir sobre la Política de Cohesión para el periodo 2014-2020, hoy tenemos que centrarnos en otra novedad para este periodo: el Programa Erasmus Plus (Programa Erasmus +).


El Programa Erasmus + fue aprobado el pasado martes, 19 de noviembre de 2013, y se pondrá en funcionamiento el próximo mes de Enero, con una duración inicial de 7 años –eso sí, condicionado a que durante el próximo mes sea adoptado por el Consejo de la Unión, esto es, por los Estados Miembros-.


Estamos pues, ante el nuevo programa de la Unión Europea en materia de educación, formación, juventud y deporte, que se fundamenta en una idea: la inversión en la educación y el aprendizaje de los ciudadanos europeos.


El Programa Erasmus + sustituye programas existentes en la Unión, como son el mítico programa Erasmus para estudiantes universitarios, la beca Leonardo para la realización de prácticas, Juventud en Acción o Erasmus Mundus –entre otros-. Sin embargo, el Programa Erasmus + lo que hace es combinarlos y, para ello recibe un 40% más de presupuesto que en el anterior Marco Financiero Plurianual, el del 2007-2013, –en concreto un total de 14.700 millones de euros se destinan para el periodo 2014-2020-, por lo que se espera que tenga un impacto mayor que el de todos los programas a los que reemplaza.


Cerca de 10.000 millones de euros van a destinarse a becas para estudiar, realizar prácticas, trabajar o hacer un voluntariado en otro Estado –tanto dentro como fuera de la Unión Europea-. Se estima que de estas becas se beneficiarán más de 4 millones de personas, siendo posible que sean beneficiarios grupos tan diversos como los estudiantes, los profesores, los voluntarios, los aprendices de un oficio o los trabajadores del deporte base, siempre y cuando se desplacen a otro Estado -esto no hace sino manifestar la relevancia de la movilidad en las políticas de la Unión Europea-.


El resto del presupuesto, cerca de 5.000 millones, tendrán distintos destinatarios, entre ellos, las ONGs, las organizaciones juveniles, las empresas o la modernización de la educación y la formación –sin necesidad de desplazamiento-.  


Del Programa Erasmus + hay que destacar muchas novedades, sin embargo, una que considero que tiene especial interés es la previsión de conceder préstamos entre 12.000 y 18.000 euros para que los estudiantes de Máster puedan financiarse los estudios en otro Estado e incluso, estudios de Máster conjunto, que implica estudiar en, al menos, dos instituciones de enseñanza superior.  


También hay que destacar que podrán beneficiarse del Programa no solo los estudiantes universitarios, como tradicionalmente con el Erasmus, sino también los estudiantes de formación profesional, tanto para realizar estudios como para trabajar o hacer prácticas.


Por último, el sector educativo también es destinatario de este Programa gracias a la posibilidad de que profesores, maestros y formadores puedan desplazarse a otro Estado para enseñar o para formarse.


Por supuesto, esto se realiza con vistas al futuro, ya que las personas que han tenido la ocasión de desplazarse a otro Estado con el programa Erasmus + tienen menos dificultades –idiomáticas y de adaptación-, para permanecer en ese Estado y trabajar. De este modo, se quiere fomentar la movilidad de los trabajadores en la Unión, para así, reducir tanto el desempleo como los problemas que tienen algunos empresarios para contratar a profesionales de su sector, ya que, en muchas ocasiones, no hay suficientes nacionales en su Estado Miembro con una formación que permita trabajar en los puestos ofertados.


En cualquier caso, el tradicional Programa Erasmus –y los otros programas que se combinan con el Erasmus Plus-, se reinventan para este periodo 2014-2020, pero mantienen su espíritu tradicional: permitir a los beneficiarios ampliar su CV, aprender otro idioma, vivir una experiencia multicultural, comprender la importancia de la ciudadanía europea más allá de la propia nacionalidad y participar de principios como la libertad de circulación que nos ofrece una Unión Europea desarrollada, que los nacionales de otros países no tienen el privilegio de disfrutar. 



Pueden encontrar más información sobre:

Programa Erasmus Plus:





Derecho a estudiar en cualquier Estado Miembro:





28/9/2013

Libertad horaria y libertad de establecimiento (IV) El test de proporcionalidad en el derecho de la Unión Europea.


Freedom of establishment and the commercial opening hours. European Union Law : test of proportionality 

Liberté d'établissement et les heures d'ouverture. Droit de l'Union Européenne: test de proportionnalité.

Libertad de establecimiento y el horario comercial. Derecho de la Unión Europea: test de proporcionalidad.  



5.- El test de proporcionalidad que debe llevar a cabo el Tribunal nacional.

Este test de proporcionalidad debe realizarse por el juez del litigio principal in concreto, mediante una evaluación exhaustiva del supuesto particular. Esto es, verificar que la aplicación de la norma valenciana es adecuada para garantizar el objetivo y no vaya más allá de lo necesario para alcanzar ese objetivo [sentencia RAMRATH, C-106-91; KRAUS, C-19/92; GEBHARD, C-55/94].


Sobre esto, la reciente jurisprudencia del TJUE mantiene además que una normativa nacional solo es adecuada para garantizar la consecución del objetivo alegado si responde verdaderamente al empeño por hacerlo de forma congruente y sistemática [HARTLAUER, C-169/07; LIGA PORTUGUESA, C-42/07].


El test de proporcionalidad que debe realizar el tribunal nacional impone al Estado la carga de la prueba de demostrar que la medida es apropiada y necesaria para el objetivo. Este test, según se desprende de la jurisprudencia del TJUE en la materia, implica hacer tres auditorias de manera sucesiva y acumulativa.


1.- LA ADECUACIÓN: la prueba de aptitud o eficacia de la medida para el objetivo perseguido. Exige la coherencia con el fin que persigue.


En este sentido, la norma valenciana es incoherente con el fin de garantizar el descanso, puesto que establece un tratamiento diferente para los establecimientos que cumplen los requisitos de los arts. 21 y 22 permitiéndoles la libertad horaria.


No casa la protección de los trabajadores, y los objetivos de la política social y cultural, que le llevan prohibir, como regla general, abrir los domingos, con el hecho de que se permita a los empresarios de establecimientos que entran en los arts. 21 y 22 disponer libremente de los horarios de apertura, pues los empleados quedan sujetos a la obligación de trabajar y no se respeta la tradición de la sociedad valenciana de que el domingo es el día de descanso.


Por su parte, el Gobierno Valenciano no ha presentado ningún elemento que justifique la razón por la cual impedir a los grandes establecimientos abrir domingos afecta al descanso y no afecta, en cambio, permitir la apertura a los de menos de 300m2. Por tanto, la ley valenciana no persigue de manera congruente y sistemática los objetivos alegados. No se da una relación directa entre la normativa valenciana y la garantía del descanso, al tratar de manera diferente dos supuestos que tienen la misma incidencia sobre la protección de los trabajadores. Por lo que no es proporcionada al objetivo que persigue, sino contradictoria con el mismo.


Esto se ve incrementado por el hecho de que son los locales de pequeñas dimensiones a los que se les permite abrir domingo los que más dificultades económicas tienen para dotarse de una plantilla grande que permita garantizar el descanso semanal a sus trabajadores.


Podría ser apta y eficaz la medida si no estableciera excepciones, e incluso si las excepciones se limitasen a establecimientos que, por los productos que ofrecen, es necesario que estén abiertos los domingos –los del art. 21.1- puesto que en tal caso estaríamos ante una oferta cuantitativamente moderada y cualitativamente orientada a dicho objetivo [sentencia ZETURF, C-212/08]. Pero estas excepciones del art. 21.3 y 4 hacen que pierda toda aptitud y eficacia para garantizar el descanso y proteger a los trabajadores.


De no estimarse así, esto es, de considerar que la medida es adecuada hay que verificar:


2.- LA NECESIDAD: la prueba de necesidad objetiva de la medida. Que no haya medidas alternativas menos restrictivas de la libertad de establecimiento para conseguir el mismo objetivo, que la norma no vaya más allá de lo necesario para lograr el objetivo, que la medida impuesta sea de última ratio, de especial urgencia, gravedad e importancia.



Libertad horaria y libertad de establecimiento (III) Requisitos de la razón imperiosa de interés general.


Freedom of establishment and the commercial opening hours. Overriding reasons relating to the public interest: requirements. 

Liberté d'établissement et les heures d'ouverture. La raison impérieuse d'intérêt général: conditions à remplir. 

Libertad de establecimiento y el horario comercial. La razón imperiosa de interés general: requisitos a cumplir.




4.- Verificar si se cumplen los requisitos para que se trate de una razón imperiosa de interés general.

En primer lugar, es necesario que la medida no sea discriminatoria, esto es, que haya igualdad de trato para todas las empresas que ejerzan una actividad en el territorio. En principio, sería posible pensar que no es discriminatoria, pues se excluye de la libertad horaria a todas las superficies que no reúnan los requisitos de los arts. 21 y 22 de la ley del comercio valenciana, al margen de su nacionalidad.


Ahora bien, cabe que nos encontremos ante una discriminación encubierta -entendida como cualquier forma de discriminación que, aplicando criterios de diferenciación distintos a la nacionalidad, conduce al mismo resultado [sentencia SOTGIU, C-152/73]-. Si analizamos los requisitos que deben reunir los comercios según el art. 21 para poder abrir los domingos, y, en concreto, el 21.4 que establece la superficie máxima para la libertad horaria en 150m2 con posibilidad de extenderlo hasta los 300m2.


Esta discriminación encubierta puede darse por dos motivos


1) porque los establecimientos comerciales de otro Estado Miembro que deciden establecer un nuevo local -por regla general y a fin de que sea viable la inversión- superan los m2 fijados en el artículo 21.4 y no buscan abrir pequeños comercios; y, 


2) porque los locales comerciales de empresarios de la Comunidad Valenciana tienen unas dimensiones que se ajustan a la excepción del art. 21.4, buscando beneficiar la competitividad del comercio tradicional y local, lo que nos lleva a pensar hasta qué punto no estamos ante una norma hecha a medida para favorecer, de manera indirecta, a los nacionales del Estado Miembro.

 

Libertad horaria y libertad de establecimiento (II) Restricción indistintamente aplicable. Razones imperiosas de interés general.


Freedom of establishment and the commercial opening hours. When a restriction is applied without distinction. Justify by overriding reasons relating to the public interest.

Liberté d'établissement et les heures d'ouverture. Lorsque la restriction est indistinctement applicable. Justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

Libertad de establecimiento y el horario comercial. Cuando la restricción es indistintamente aplicable. Justificada por razones imperiosas de interés general. 



2.- Cuando la restricción a la libertad de establecimiento es indistintamente aplicable.

Pues bien, pensemos en un supermercado de otro Estado Miembro de la Unión Europea, que puede beneficiarse de la libertad de establecimiento, pero que considera que la misma se le restringe en la Comunidad Valenciana porque la legislación –debido a sus características- no le permite la apertura del local los domingos, no se le reconoce libertad horaria plena.


De acuerdo con la jurisprudencia del TJUE [Comisión c. España, 400/08], restricción es toda medida adoptada por un EM que, aun siendo indistintamente aplicable afecta al acceso al mercado de las empresas de otros Estados Miembros y obstaculiza el comercio intracomunitario.


Esta restricción es indistintamente aplicable, en cuanto que se aplica a todos los establecimientos de la Comunidad Valenciana –que cumplan unos requisitos-, independientemente de su nacionalidad. Pero, es posible que para un establecimiento comercial de otro Estado, le haga menos atractivo el ejercicio de sus actividades en la Comunidad Valenciana porque en su Estado Miembro de origen dispone de libertad horaria que le permite abrir los domingos [C-400/80, párr. 70] y hace menos interesantes las actividades de lo que lo son en su propio Estado [JYNSKE BANK, C-212/11].


El motivo de la restricción no entra en los arts. 51 y 52, sino que se justifica por una razón imperiosa de interés general. Este es el argumento que es posible utilizar para justificar la restricción –partiendo de la jurisprudencia previa del TJUE sobre horarios comerciales, aunque desde el prisma de la libre circulación de mercancías, pues a propósito de la libertad de establecimiento no se ha habido todavía un pronunciamiento claro-. 


3.- Cuando la restricción se fundamenta en una razón imperiosa de interés general.

En concreto, se justifica esta restricción que afecta a los horarios en la jurisprudencia previa del TJUE, [sentencia TORFAEN 145/88 y sentencia MARCHANDISE 332/89], en el interés general del derecho de la UE, siendo expresión de opciones políticas y económicas, cuyo objetivo es garantizar el descanso adaptado a las particularidades socioculturales nacionales o regionales, según lo que consideren los Estados Miembros (a quienes corresponde la apreciación). Por tanto, entra dentro de las posibles razones imperiosas de interés general, según la Directiva 123/2006 y la ley 17/2009, en concreto la protección de los trabajadores, y los objetivos de la política social y cultural.


Ahora bien, lo que hemos hecho es extrapolar un argumento utilizado en los ochenta en supuestos de hecho y contextos diferentes a la situación actual a la que se enfrenta un establecimiento comercial que quiere instalarse en la Comunidad Valenciana. En contra de este argumento hay que señalar el transcurso de más de veinte años y la evolución de las tradiciones socioculturales de España en sentido opuesto.


En la actualidad, la sociedad demanda flexibilidad de horarios comerciales que se adecuen a sus jornadas laborales y a su estilo de vida –señal de ello es que las compras suelen realizarse el fin de semana-, el consumo ha pasado a ser parte del ocio y de las actividades familiares, el domingo no es imperativamente el día de descanso de muchas profesiones y están abiertos locales como cines o cafeterías, el turismo es fuente importante de ingresos para los comercios y son los fines de semana cuando se incrementa... (ello puede verse corroborado con las estadísticas que demuestran la reacción positiva de los consumidores los domingos en que se han abierto los comercios). De modo que esta opción política de no abrir domingos no parece ajustada a la realidad de la sociedad actual.


Es posible plantearse si la limitación horaria impuesta a las grandes superficies por la ley valenciana que está actualmente vigente no persigue, en realidad, proteger económicamente a las PYMEs autóctonas y a los comercios regionales, donde predomina el pequeño local –que tiene series dificultades para fijar una infraestructura que le permita abrir domingos-.


De ser así, esta razón imperiosa de interés general no podría justificar la restricción impuesta, pues la jurisprudencia del TJUE [a propósito del asunto C-400/80 sobre los grandes establecimientos comerciales en Cataluña, con la que nuestro supuesto guarda conexión, Casación estimada por el TS en la sentencia de 15 de febrero de 2013] ya ha dicho que los objetivos de carácter meramente económico no pueden constituir una razón imperiosa de interés general que justifiquen una restricción [Comisión c. Italia, C-288/01; Comisión c. España, C-153/08].



Libertad horaria y libertad de establecimiento (I) Introducción.


Freedom of establishment and the commercial opening hours. Introduction.  

Liberté d'établissement et les heures d'ouverture. Introduction.

Libertad de establecimiento y el horario comercial. Introducción.




Alberto Fabra, presidente de la Generalitat Valenciana, anunció el martes 24 de septiembre su intención de permitir la libertad de horarios comerciales en todo el territorio de la Comunidad Valenciana, siendo cada municipio el encargado de determinar el horario según lo que estime oportuno.


Las siguientes entradas, de contenido bastante técnico, pretenden dar respuesta a la duda de si la imposibilidad de libertad horaria restringe la libertad de establecimiento, realizando un análisis de la compatibilidad o la incompatibilidad de la prohibición de abrir domingo con una de las libertades fundamentales reconocidas por los Tratados de la Unión Europea. 


En cualquier caso, creo que no se debe perder de vista que el objeto es explicar cómo está la situación y cómo debe procederse, desde el punto de vista una jurista que analiza el derecho de la Unión y la jurisprudencia del TJUE; por ello, mis opiniones personales, me las reservo para el café -o la copa- con los amigos. 


Intento informar con fundamento, no simplemente opinar y mucho menos juzgar; por ello, en estas entradas me gustaría compartir algunas ideas a propósito de la relación entre la libertad horaria y la libertad de establecimiento. Con estas ideas la postura defendida es que la prohibición de libertad horaria que hemos tenido –y, salvo nueva legislación, seguimos teniendo en la Comunidad Valenciana- es contraria a la libertad de establecimiento por considerarla restrictiva.


1.- Introducción: la libertad de establecimiento.

Es necesario empezar introduciendo qué es la libertad de establecimiento. Esta libertad es parte de las libertades fundamentales reconocidas en el TFUE para el mercado interior (sobre ellas, en general, ya hablé en una ocasión en otra entrada).


Por libertad de establecimiento se entiende las personas físicas o jurídicas (sociedades) de un Estado Miembro que ejercen una actividad económica no asalariada en otro Estado Miembro, a través de una instalación permanente y por una duración indeterminada. No está definido el concepto en los tratados, sí ha fijado una definición la jurisprudencia del TJUE [sentencia REYNERS, C-2/74; GEBHARD, C-55/94].


En este sentido, cualquier empresa de cualquier Estado Miembro puede ejercer su derecho a la libertad de establecimiento en el territorio de la Comunidad Valenciana; siempre que reúna los requisitos para ello:

(1) estar constituida conforme a la legislación de un Estado Miembro –dejaremos al margen los problemas que plantea para la libertad de circulación los distintos niveles de exigencia y requisitos de las diferentes legislaciones-,


(2) tener su administración central dentro de la Unión Europea,


(3) perseguir un fin lucrativo


Además, a las empresas ejercientes de esta libertad se le debe permitir el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio en el sentido más amplio y en iguales condiciones que las empresas nacionales del Estado Miembro. Esto es así porque en la Unión Europea rige el principio de igualdad de trato: se prohíben las discriminaciones directas e indirectas por razón de la nacionalidad. A ello hay que añadir que el TJUE ha extendido la libertad a los supuestos no discriminatorios por razón de la nacionalidad, esto es, a las conocidas como medidas indistintamente aplicables.


11/1/2013

Why Union citizens are allowed to study in any other Member State?

Why Union citizens are allowed to study in any other Member State?

Last October, it was public knowledge that the European Union couldn’t afford to pay the integrity of the Erasmus grant. The reason was due to the cuts made to the 2012 EU’s budget.

Lots of articles and comments were written, in all of them, the Erasmus programme was defended as an important personal experience and as a means of integration for the EU. 

Nevertheless, I’m not exactly going to talk about Erasmus. Today I’d like to explain to you briefly why Union citizens are allowed to study in any other Member State (and I highlight the word briefly, because it could seem like a long speech, but, trust me, there are theses written about this subject). 

When I say studying in any other Member State, I’m not only limiting this concept to the Erasmus programme but also to the fact of doing any other kind of studies (including complete university studies) on equal terms with the nationals of this other Member State.


I think that this essay will be interesting for you if you decide to move to another Member State in order to continue with your studies. That’s why I suggest that you pay attention.


Nowadays, it’s common in the European Union for students to move in order to get a degree abroad. Especially, when both States have the same language. And sometimes this creates antipathy against the foreign students. I remember, when studying in Belgium, the first day of class the Professor asked if there were any French students, and when the French raised their hands, he sneered and said "well, nobody's perfect".


In this presentation I’ll cover several points. First, I’ll introduce you the concept of Union citizen. Then, we’ll talk about the free movement of people. Finally, I’ll explain to you how this freedom has been extended to students.


First of all, “Union citizen” is a term frequently used to refer to people from the European Union.


In 1992, the Maastricht Treaty introduced the concept of “Union citizenship”, curiously, by following a proposal made by the Spanish Government (specifically, it was the Prime Minister Felipe González who brought the idea to the Council of the European Union).


A Union citizen is any person who holds the nationality of a Member State. The Union citizenship shall be additional to and not replace national citizenship (we find this definition in article 20 of the Treaty on the Functioning of the European Union).

The aim of this citizenship is to strengthen the protection of the rights and interests of the nationals of its Member States.

A couple of years later, the Court of Justice of the European Union, through the Grzelczyk ruling, defined the Union citizenship as “the fundamental status” of nationals of the Member States. This definition helps us understand the importance of being a Union citizen.


Moreover, another major issue is the free movement of people, part of the EU’s four freedoms. These four freedoms of movement, which include goods, capital, services and people, were established as a consequence of the EU’s internal market.


At the beginning, this freedom of movement was only intended for workers, who move from one State to another and who are the real economic agents. And that’s what article 45 of the Treaty on the Functioning of the European Union states.


Actually, student mobility is not mentioned in any Treaty. To find a reference to “the free movement of European students” in the Treaty on European Union or in the Treaty on the Functioning of the European Union is not possible.  


It’s only possible to make reference to the Title XII of that Treaty, entitled “Education, vocational training, youth and sport”, where the European legislator declares that “the Union action shall be aimed at encouraging mobility of students and teachers, by encouraging inter alia, the academic recognition of diplomas and periods of study”; here, we may include the Erasmus programme.


However, we are talking about an authentic freedom of movement of European students in the different Member States (e.g. doing the complete degree, a vocational training, a master’s degree or the PhD in another State of the European Union).


That’s possible because of the extension of the concept “free movement of workers”, which has been made by European case law. I’ll explain it little by little.


Case law, also called jurisprudence, is the rulings rendered by the Court of Justice of the European Union (CJUE). In most of the cases, those rulings are given by the Court when answering questions referred to a preliminary ruling. With these answers, the Court tries to solve the problems set out by the national judges. 


The questions referred for a preliminary ruling appear within the framework of a trial. Sometimes, in those cases, there are doubts about the correct interpretation or application of European Union legislation. Also, these questions can be introduced to determine if a national law is in conflict with the European Union Law. The concept European Union Law should be interpreted extensively, including the EU Treaties, Regulations, Directives, Decisions, and also Treaties concluded by the EU with third countries or international organizations.


Thanks to the preliminary rulings the Court of Justice of the European Union is allowed to know first-hand the citizen’s daily problems. Furthermore, the Court of Justice sometimes works ahead of EU’s legislation by creating new concepts or principles, which must be respected by the Member States. And there’s exactly where the importance of this case law resides.


The Court of Justice of the European Union departed from the non-discrimination principle on the basis of nationality and the common vocational training policy (both of them recognized by the Treaty Establishing the European Community, articles 12 and 150).


By these articles, the Court of Justice of the European Union allows any citizen the entrance to vocational training studies in any Member State, and, furthermore, the Court states that they will receive the same treatment as nationals.


Over the years, the practice has introduced new problems. These daily problems of citizens have been set out to the Court of Justice by national judges who were seeking answers to preliminary questions. The Court of Justice has solved these questions, and in so doing, has extended this freedom not only to vocational training studies, but also to university studies and secondary education.


With reference to this extension, to mention three judgments rendered by the Court of Justice of the European Union, giving an answer to questions referred for a preliminary ruling is possible.


The Gravier case, of 1985, a French student in Belgium who was imposed a registration fee which wasn’t imposed on students who were nationals of the host Member State, it’s a case about the access to vocational training on Fine Arts.


The Blaizot case, of 1988, about the access on equal terms to University studies (degree, Master and PhD studies). Blaizot was also a French student in Belgium who was imposed a supplementary enrolment fee for the access to university studies.


And also, secondary education, with the Humbel case, a Luxembourg student in Belgium, on 1988, who had to pay an extraordinary fee for his secondary studies.


The most important repercussion of those judgments is that, without any bilateral agreement between the two Member States (the host Member State and the origin Member State), the host Member State cannot impose additional fees to students coming from another Member State. The host State should impose to those students the same fees that are imposed to its own nationals.


However, this wasn’t enough, because quickly new problems came up. Step by step, the Court of Justice of the European Union, by giving answers to these problems, has built the current system.


For example, based on the effectiveness of the European Union law, the Court of Justice has recognized the students’ right of residence in the host State in order to attend the lessons. It’s curious to observe how, subsequently, Directive 2004/38/EC reflects this right in a legal text.


The first judgment where this right of residence was recognized for students was the case Raulin, in 1992. Raulin, was a French national doing his vocational training studies in Netherlands who needed a residence permit in the Member State where the course took place.


Furthermore, over the past few years, the Court of Justice has recognized to the students coming from another Member State the right of getting a grant given by the host State. This grant will be earmarked for the student’s living expenses. The only requirement is to have a real link with the host State. This real link could be, for example, have studied secondary education in the host State. The Court of Justice stated that idea in case Bidar, another French student, who moved to the United Kingdom and, after finishing in the United Kingdom his secondary studies, started a course in economics at University College London and looked for a student loan to cover his living expenses.


And also, in case Grezelczyck, of 2001, the Court has recognized the entitlement to a non-contributory social benefit if the students reside legally in the host State. The Grezelczyck judgment answers a preliminary question set out by a French student in the Belgian university of Louvain, where I did my Erasmus year.


The student applied for payment of the ‘minimex’ –which is some kind of public aid for students-. But this ‘minimex’ was refused by the Belgian State authorities for the reason that Grezelczyck was a national of another member State enrolled as a student. Finally, the Court of Justice stated that any Union citizen had the right to receive a temporary social aid on equal terms with nationals of the host State.  


In the European Union, there is a true freedom of movement of students. These students, who are union citizens, can study in any Member State.


This freedom allows the students to do complete degrees in any other Member State and, the most important thing, receiving the same treatment as the national of this host State.


This freedom allows the access to vocational training studies, university studies and also secondary education studies.


Moreover, those students have the right of residence in the other Member State as well as the right of obtaining a scholarship for their living expenses, even the right of receiving a non-contributory social benefit or a temporary social aid. 


Maybe in Spain the presence of university students from other Member States it’s less frequent (Erasmus excluded). The reason is the language, in the European Union, Spanish is only spoken in Spain.

Notwithstanding, we can think of that classmate Italian-Argentine or Belgian-Chilean, who, by using his European nationality comes to Spain to study, despite the fact that he has never lived in Italy or in Belgium.


I remember that it was usual to see people from France and Luxemburg studying in the francophone Belgium, or students from the Republic of Ireland in the United Kingdom.


In any case, if some of you decide to move to another Member State in order to pursue your university studies, you should remember that you have the right to be treated as a national of the host State. That includes the costs of the Master’s, the right of residence and the possibility of receiving any social aid. And you shouldn’t forget that this is thanks to the Union citizenship.


So, if you try it, and they deny you your rights, you must appeal and back up your appeal on the case law of the Court of Justice of the European Union, and chances are you’ll have these rights affirmed.